En 1985 se despenalizó en España la interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE) bajo tres supuestos: riesgo para la vida o la salud de la embarazada, sospecha de malformaciones fetales y violación, previamente denunciada. En un primer momento el alcance de la despenalización estuvo limitado dado que los requisitos establecidos por la normativa de implementación sólo podían ser cumplidos por los servicios hospitalarios. No obstante, a partir del otoño de 1986, se flexibilizaron las exigencias relativas al personal y a las instalaciones de los centros proveedores de la IVE, lo que permitió la acreditación de las primeras clínicas especializadas en esta prestación sanitaria.

El proyecto ABLE analiza la historia de los primeros años del aborto legal en España en tres ámbitos interconectados: el científico-tecnológico, el asistencial y el de los movimientos sociales.

 Investigamos los debates científicos en torno a las nuevas tecnologías de la IVE. Ciertos sectores de la élite médica española investigaban y publicaban trabajos sobre la técnica de la aspiración, al menos, desde mediados de la década de 1960, a pesar de la prohibición total del aborto instaurada por el régimen franquista en 1941. Durante las últimas décadas del franquismo, ginecólogos españoles emplearon y divulgaron esta técnica, presentándola como un procedimiento tanto terapéutico como diagnóstico, sin ocultar, sin embargo, su uso para la interrupción del embarazo en otros países europeos. Desde finales de la década de 1970, algunos ginecólogos politizados y activistas comenzaron a practicar abortos clandestinos mediante aspiración, que más tarde se convertiría en la técnica más utilizada en las clínicas acreditadas para la IVE a partir de 1986. En lo que respecta al aborto farmacológico, este fue objeto de renovados debates públicos en España durante las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, la mifepristona no fue introducida en el mercado español hasta el año 2000, y su acceso permaneció limitado hasta la reforma legislativa de 2010, con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 10 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que reconoció el derecho al aborto durante las primeras 14 semanas de gestación.

 También examinamos las experiencias de profesionales sanitarios y activistas proveedores, tanto de aquellos que trabajaron en la clandestinidad como quienes, tras la despenalización, realizaron o gestionaron abortos en hospitales, clínicas y centros de salud. Profundizamos en sus trayectorias, motivaciones y dificultades en distintos contextos autonómicos. Asimismo, analizamos de manera específica el papel de las primeras médicas que realizaron abortos legales en las décadas de 1980 y 1990, destacando cómo sus militancias políticas y feministas influyeron en su práctica profesional.

 Finalmente, estudiamos los inicios del movimiento provida organizado durante la transición democrática española. Examinamos sus líneas de actuación, como el uso del litigio estratégico para obstaculizar la implementación de la ley de 1985, así como sus conexiones transnacionales. También analizamos las interacciones entre grupos feministas españoles que luchaban por el derecho al aborto y los activistas y profesionales proveedores. A diferencia de países como Italia o Francia, en España el movimiento feminista utilizó la práctica del aborto de manera más limitada y con un enfoque predominantemente político antes que asistencial.

 Con este análisis, nos aproximamos a la complejidad de la implementación del aborto legal en España entre las décadas de 1980 y 2000, considerando tanto los espacios sanitarios como los activistas.