El proyecto LEXGEN-MAGREB parte de la hipótesis de que las reformas jurídicas que se ponen en marcha tras la Primavera Árabe siguen funcionando como un instrumento de control al servicio de las estrategias políticas y sociales de los regímenes magrebíes, y ello a pesar de que dichas normas han mitigado considerablemente las disposiciones más intransigentes introducidas durante las décadas anteriores, cuando las leyes funcionaban manifiestamente como un instrumento a favor de las instituciones gubernamentales con una doble finalidad: en primer lugar, controlar estrechamente la creación y actividades de la ciudadanía, sobre todo aquéllas que podían mantener posiciones más críticas hacia el régimen; en segundo lugar, garantizar a la administración la posibilidad de interferir o neutralizar las actividades, miembros o sedes de asociaciones, partidos, medios de comunicación u otras manifestaciones sociales por simple vía administrativa. Como segunda hipótesis, en relación con la sociedad civil, consideramos que, a pesar de las cortapisas que supone la urdimbre del autoritarismo y sus instrumentos jurídicos, el Estado no ha logrado neutralizar a la sociedad civil magrebí sino que, por el contrario, siempre han existido espacios autónomos entre la familia y el Estado en donde los ciudadanos han logrado organizarse de muy diversas maneras con el fin de asegurarse un margen de control sobre sus gobiernos y de convertirse en voceros de cambios democráticos. En plena era de la globalización, un sistema más o menos autoritario, aunque indudablemente suponga una importante cortapisa a las libertades, no por ello es incompatible con las mutaciones sociales ni con la posibilidad de lograr espacios de expresión y de opinión, de tal manera que siempre podremos encontrar ciertos márgenes o ámbitos de mediación entre el Estado y la sociedad que favorezcan narrativas democratizadoras.