La investigadora garante de FiloLab, de ESPACyOS y LIBERESP Ester Massó Guijarro ha publicado el artículo “Violencia obstétrica: el parto en disputa” en el medio The Conversation, examinando las dimensiones de dicha violencia, su definición y la necesidad de abordarla como un asunto ético de salud pública a nivel global. A continuación reproducimos parcialmente el texto del artículo.
Violencia obstétrica: el parto en disputa
“Límpiate y quédate en la cama tumbada para arriba, inmóvil y con las piernas abiertas y ligeramente flexionadas… ¡y no te muevas!”. Esta fue la orden que una matrona dio a una mujer embarazada de 38 años a punto de parir en un hospital de Sevilla. Para colmo, cuando le pusieron la epidural, el catéter tuvo que ser reinsertado en la columna varias veces, dejándole como secuela dolor cérvico-dorsolumbar. Finalmente dio a luz por cesárea contra su voluntad, sin haber firmado consentimiento informado.
Los hechos ocurrieron en enero de 2009. Tras numerosas reclamaciones judiciales, en marzo de 2023 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) responsabilizó finalmente a las autoridades administrativas y judiciales de lo sucedido, instando expresamente al Estado español a proteger a las mujeres “del maltrato, falta de respeto y abuso durante el parto”. Es decir, de la violencia obstétrica.
Perseguir la violencia obstétrica
En 2007, Venezuela lanzó un órdago al mundo aprobando la primera ley contra la violencia obstétrica. Tras ella, un rosario de países latinoamericanos fueron generando y aplicando leyes análogas.
¿Qué ha pasado mientras tanto en Europa? Hasta hace poco ningún país había aprobado legislación específica, pese al alto nivel de debate y enconamiento social entre las discusiones académicas, de organizaciones civiles y diversos movimientos ciudadanos. Ello es debido a que se niega que exista una violencia específica que pueda llamarse “obstétrica”, entendiendo la clase biosanitaria que este término es ofensivo. Pero la investigación científica sobre la recurrencia y la gravedad de las malas praxis (a menudo con tremendas consecuencias) durante la atención al parto es ya notable. Y son ya varias las sentencias que avalan la triste realidad del concepto en disputa.
El CEDAW, considerado el tratado de derechos humanos más importante para las mujeres, condenó también a España en 2020 “por no actuar de manera diligente para proteger los derechos de una mujer y su hija a una atención obstétrica de calidad y libre de violencia”. La sentencia obligó al Estado español a indemnizar a una madre que fue sometida a diez tactos vaginales y una inducción innecesarios, entre otras formas de violencia que le causaron traumas físicos y mentales duraderos.
No parecen casos anecdóticos. Se ha afirmado desde la comunidad científica que “España parece tener un grave problema de salud pública y de respeto a los derechos humanos en la violencia obstétrica”. Una realidad que se exacerbó en la pandemia, convertida en una especie de excusa para cancelar derechos fundamentales, aumentando las cesáreas innecesarias o, incluso, dejando a las mujeres parir solas.
La única excepción (reciente) ha sido Cataluña que, de manera precursora y con tremendas reticencias por parte de la clase médica, ha legislado la violencia obstétrica, denunciando que puede afectar la salud física, mental, sexual y reproductiva de las madres, matizada como el “prevenir o dificultar el acceso a información veraz, necesaria para la toma de decisiones autónoma e informada”. Incluso se ha formalizado un Observatorio de Violencia Obstétrica.
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